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El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, analiza en la UNED el papel del Ministerio Fiscal en la Reforma Penal

13 de julio de 2012

El Centro Asociado de la UNED en Tudela ha recibido por videoconferencia desde A Coruña un total de 8 ponencias enmarcadas en el curso “Los nuevos retos en el proceso penal”.

El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha participado en el curso “Los nuevos retos en el proceso penal”, organizado por el Centro Asociado de la UNED en A Coruña y que se ha recibido por videoconferencia en la UNED de Tudela.

Torres-Dulce ha profundizado en el papel del Ministerio Fiscal en la Reforma Penal. Ha señalado que “no hay manera de convencer a los poderes públicos de que es necesario un plan de inversiones en justicia. No es posible improvisar y parece que somos el país de la improvisación. Exigimos saber qué parte de los presupuestos se destina al Ministerio Fiscal”.

En su intervención ha señalado, entre otras cuestiones, que “es partidario de una radical reforma de los juicios rápidos debido a las luces y sombras que tienen en la actualidad”.

Ésta ha sido tan sólo una de las ocho ponencias enmarcadas dentro del curso “Los Nuevos retos en el proceso penal”. Se trata de una actividad dirigida a estudiantes de Derecho y a los distintos profesionales de todos los campos jurídicos (abogados, procuradores, magistrados, fiscales etc).

Surgió con el objetivo no sólo de aportar soluciones técnicas a los problemas que suscita nuestra justicia penal, sino también funcionar como una correa de transmisión e información a los miembros de la comunidad jurídica sobre la necesidad de efectuar un giro en los hábitos de nuestra Administración de Justicia a fin de dotarla de la necesaria celeridad y eficacia y adecuarla en su totalidad y realidad de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se han analizado cuestiones como la reforma del Proceso Penal, la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la lucha contra la Criminalidad Organizada, la garantía de la inmediación en la impugnación de sentencias o el enjuiciamiento de aforados, entre otras.

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